El Gobierno nacional ultima los detalles del proyecto de Ley de Modernización Laboral, un paquete de reformas que busca modificar la estructura legal del trabajo en la Argentina. El texto ingresará al Congreso a partir del martes que viene, cuando inicien las sesiones extraordinarias convocadas para debatir esta iniciativa junto con el Presupuesto 2026. La Casa Rosada aspira a obtener media sanción antes de fin de año para avanzar en su aprobación definitiva durante el primer bimestre legislativo.
La iniciativa se estructura en varios capítulos que introducen modificaciones en el régimen de vacaciones y licencias, jornada laboral y banco de horas, despidos e indemnizaciones, sistema remunerativo, documentación digital, reincorporaciones por fallo judicial y regulación del trabajo en plataformas tecnológicas. También incorpora un capítulo fiscal y derogaciones de normas históricas, entre ellas artículos de la Ley de Contrato de Trabajo, el Estatuto del Periodista Profesional y el Estatuto del Viajante de Comercio.
El proyecto mantiene el derecho vigente a vacaciones pagas, pero introduce modificaciones en su administración. Se habilita que el empleador y el trabajador puedan pactar individual o colectivamente la extensión y el fraccionamiento del período de descanso, siempre respetando los mínimos legales. La fecha de inicio deberá notificarse por escrito con 45 días de anticipación, aunque los convenios colectivos podrán establecer calendarios alternativos.
En licencias por enfermedad, el texto incorpora la validación digital de certificados médicos, con lo que se busca agilizar trámites y evitar controversias sobre ausencias. Se crea un sistema centralizado de control médico, con mayor capacidad de verificación clínica y plazos más acotados en casos de inasistencia prolongada. Además, se redefine el abandono de trabajo, reduciendo tiempos para su configuración legal.
La reforma habilita la implementación de regímenes alternativos de organización del tiempo de trabajo, entre ellos el banco de horas, compensaciones intra-semana y turnos flexibles. Toda modalidad deberá respetar un mínimo de 12 horas de descanso entre jornadas y 35 horas semanales continuas, lo que funcionará como límite de protección sanitaria.
Uno de los núcleos más discutidos es la modificación del esquema indemnizatorio. El proyecto mantiene el pago de un mes de salario por año trabajado para despidos sin causa, pero habilita reemplazarlo por fondos o seguros sectoriales administrados mediante convenios colectivos. El modelo toma como precedente el sistema vigente en la construcción, donde el empleador deposita un porcentaje del salario del trabajador durante toda la relación contractual.
Otra modificación relevante se vincula al esquema salarial. El borrador define con precisión qué conceptos integran la remuneración computable y cuáles quedan excluidos, con el fin de evitar controversias judiciales sobre premios, viáticos, gratificaciones o sumas extraordinarias.
Además, se establece la obligatoriedad de digitalizar recibos de sueldo, planillas de asistencia y documentación laboral, que tendrá valor legal equivalente al formato papel. Según fuentes oficiales, esta digitalización permitirá reducir costos administrativos y mejorar controles laborales y fiscales.
En paralelo, el proyecto deroga artículos de la Ley de Contrato de Trabajo, el Estatuto del Periodista Profesional, el Estatuto del Viajante y parte de la Ley de Jornada Laboral. Para el Gobierno esto implica simplificación normativa; para sectores laborales supone una pérdida de derechos adquiridos.
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